¿Por qué es importante la ley de acceso a la información en Argentina?

El sitio fue diseñado con el objetivo de dar a conocer mayor información acerca de un derecho fundamental de todos los ciudadanos: La ley de acceso a la información pública. Hoy es una deuda pendiente de nuestro Estado Argentino.
Durante el recorrido del sitio #AccesoAlaInfo vas a encontrar información y aclarar dudas sobre ¿Qué es una ley de acceso a la información?, ¿Por qué es tan importante como derecho?, así como conocer el estado parlamentario de los proyectos de ley en Argentina, los avances de los proyectos, el contexto internacional con los países que en América Latina gozan de una ley de estas caracteristicas.
La ley de acceso a la información pública es una herramienta que permite ejercer otros derechos, fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas en los tres poderes del Estado para generar mayor transparencia y menor incidencia de corrupción. Y como alcance, entre la relación entre Estado y sociedad civil, la ciudadanía podría ejercer un verdadero control de los actos de gobierno renovando la confianza que se tiene en ellas.
La ley de acceso a la información alcanza a todos los organismos públicos (incluyendo todos los niveles de gobierno, y los organismos que son independientes del poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial) y las entidades que realizan funciones públicas u operan con fondos públicos.
El objeto de la ley de acceso a la información es la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública.
El alcance: Se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales.
El derecho a acceder a la información: Es un derecho fundamental de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.
Un organismo garante de aplicación: Que la ley prevea que una institución especializada e independiente tutele el derecho de acceso a la información, es uno de los principios fundamentales para garantizar este derecho, para que asegure la efectiva aplicación, supervisión y promoción como buena ley de acceso a la información. Un órgano que se ajuste a las características previstas por la ley modelo de la OEA: una Comisión de la Información con personalidad jurídica propia, con autonomía operativa y que cuente con un presupuesto aprobado por el Poder Legislativo.
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#AccesoALaInfo | Agustina De Luca: Una ley que garantice la transparencia del Congreso
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Agustina De Luca: Una ley que garantice la transparencia del Congreso

¿Cuánto cobra un Diputado o Senador nacional? ¿A dónde viajan, y para qué? ¿Cuánto gasta el Congreso en empleados? ¿A dónde van las becas y subsidios de cada legislador? ¿Cuánta plata se le asigna a un bloque parlamentario?

Todas estas preguntas hoy se encuentran sin respuesta. La falta de una ley nacional de acceso a la información pública nos impide a todos los ciudadanos conocer cómo funciona nuestro Congreso y cómo se ejecutan los recursos que maneja. Si bien la Constitución Nacional establece el derecho de peticionar a las autoridades y la publicidad de los actos de gobierno, así como también la Corte Suprema de Justicia estableció en varias oportunidades que se debe dictar una ley que resguarde el derecho humano.

En este sentido, en los últimos 5 años he hecho numerosos pedidos de información al Congreso. Del 100%, sólo obtuve una respuesta favorable en aproximadamente un 30%. Así, durante 2015 y junto a otras organizaciones, decidimos presentar varios amparos y hacer que la Justicia intervenga. Esto demuestra la violación diaria que recibe el derecho de acceso a la información pública, y el desconocimiento generalizado en los funcionarios estatales de estándares y normas internacionales que resguardan esto. Lamentablemente, no debería ser así, dado que se trata de información que es de todos, y que nos la merecemos conocer.

Nuestro Congreso no posee una norma que lo obligue a publicar información ni a responder a los pedidos que se le realizan. Así, la Cámara de Diputados no publica sus resoluciones internas (los Decretos que emite el presidente y regulan la actividad interna de la Cámara), que contienen información sobre: empleados y personal administrativo, cuánto cobran, caja chica de cada Diputado, transportes, y demás decisiones cotidianas de cualquier organismo público. Para conocer el sueldo de nuestros representantes, debemos apelar a la ética y buena voluntad de ellos mismos, y que decidan publicar su recibo de sueldo; pero ésto no puede quedar supeditado a éstos, sino que debe ser una decisión institucional y de rendición de cuentas del cuerpo legislativo en publicar esto.

O por ejemplo, cómo votan los legisladores, a dónde van, por qué no están en las sesiones, si asisten o no a las comisiones, entre otros. Ésto tampoco puede quedar supeditado a la transparencia y ética de cada legislador, sino que cada Cámara debe brindar información completa sobre su actividad diaria.

Una ley nacional de acceso a la información no garantiza la apertura plena del Estado, como así tampoco mayor participación ciudadana ni la reducción de asimetrías sociales. Pero sí nos pone en pie de igualdad a todos los ciudadanos, al estar amparados bajo la misma normativa, independientemente del lugar en donde trabajemos, dónde vivamos o a quién conozcamos. Debemos trabajar fuertenemente en su implementación y capacitación de funcionarios. Una ley de estas características nos brinda una ventana de oportunidades para avanzar hacia un Estado más abierto y responsable, que rinda cuentas de sus actos e involucre a los ciudadanos en el diseño y toma de decisiones de políticas públicas. Y nuestro Congreso no puede estar exento de esto, sino que debe ser parte fundamental tanto en el debate del texto normativo, para contar con una ley de calidad y en línea con los estándares internacionales, sino que también para su implementación, demostrando que el cuerpo representantivo por exelencia de nuestras democracias, en donde se cristaliza la mayor pluralidad de voces, también rinde cuentas y se abre a todos los ciudadanos.

 

Agustina De Luca – Licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Directora de Transparencia de la Fundación Directorio Legislativo

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