¿Por qué es importante la ley de acceso a la información en Argentina?

El sitio fue diseñado con el objetivo de dar a conocer mayor información acerca de un derecho fundamental de todos los ciudadanos: La ley de acceso a la información pública. Hoy es una deuda pendiente de nuestro Estado Argentino.
Durante el recorrido del sitio #AccesoAlaInfo vas a encontrar información y aclarar dudas sobre ¿Qué es una ley de acceso a la información?, ¿Por qué es tan importante como derecho?, así como conocer el estado parlamentario de los proyectos de ley en Argentina, los avances de los proyectos, el contexto internacional con los países que en América Latina gozan de una ley de estas caracteristicas.
La ley de acceso a la información pública es una herramienta que permite ejercer otros derechos, fortalecer la participación ciudadana, la rendición de cuentas en los tres poderes del Estado para generar mayor transparencia y menor incidencia de corrupción. Y como alcance, entre la relación entre Estado y sociedad civil, la ciudadanía podría ejercer un verdadero control de los actos de gobierno renovando la confianza que se tiene en ellas.
La ley de acceso a la información alcanza a todos los organismos públicos (incluyendo todos los niveles de gobierno, y los organismos que son independientes del poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial) y las entidades que realizan funciones públicas u operan con fondos públicos.
El objeto de la ley de acceso a la información es la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública.
El alcance: Se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales.
El derecho a acceder a la información: Es un derecho fundamental de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.
Un organismo garante de aplicación: Que la ley prevea que una institución especializada e independiente tutele el derecho de acceso a la información, es uno de los principios fundamentales para garantizar este derecho, para que asegure la efectiva aplicación, supervisión y promoción como buena ley de acceso a la información. Un órgano que se ajuste a las características previstas por la ley modelo de la OEA: una Comisión de la Información con personalidad jurídica propia, con autonomía operativa y que cuente con un presupuesto aprobado por el Poder Legislativo.
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Finalmente, Argentina tiene Ley de Acceso a la Información Pública, ¿y ahora qué?

  El día 29 de septiembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Ley N° 27.275, que regula el derecho al acceso a la información pública. De este modo, queda saldada una de las mayores deudas de nuestra democracia.

  La Ley representa un progreso notable para la vigencia efectiva del derecho a la información pública.  Reconoce el carácter universal del derecho de todos los ciudadanos a solicitar información -sin necesidad de justificar interés alguno- y obtener respuesta de los tres poderes del Estado Argentino, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal y, con excepciones, a entidades privadas que manejen fondos públicos. Por otro lado, crea la Agencia de Acceso a la Información Pública como organismo garante del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Además, esta ley prevé la obligación del Estado de implementar políticas de transparencia activa, lo cual supone que los organismos obligados deberán publicar proactivamente información. Otro aspecto clave es que el Estado deberá facilitar el acceso a esa información en formatos digitales y abiertos y de manera gratuita.

¿Qué cambia en el día a día al tener esta ley?

  El Acceso a la Información pública es un aspecto esencial de la democracia y gobernabilidad democrática. El acceso a la información es una herramienta clave para la promoción de mejoras en el accionar estatal, sobre todo en lo que refiere a la administración de recursos públicos y, además, es fundamental para los procesos de rendición de cuentas y la transparencia de la gestión pública.  

 El reconocimiento y reglamentación del derecho al acceso a la información enriquece las capacidades de la ciudadanía, toda vez que la transparencia aumenta la posibilidad de la población de participar de manera informada y, por lo tanto, demandar políticas económicas y sociales que sean más sensibles a sus prioridades y necesidades. Es decir, la Ley N° 27.275 es una herramienta clave para la participación ciudadana y promover un electorado informado. El derecho de acceso a la información facilita una intervención de personas y las organizaciones en los procesos políticos de una manera más empoderada y una mejor cooperación con las acciones que lleva a cabo el gobierno. De este modo, esta Ley se vuelve un proceso transformador que confiere una dinámica más sólida al sistema democrático.

 Sumado a esto, el acceso a la información es una herramienta clave para la prevención y la lucha contra la corrupción ya que facilita el ejercicio del control público sobre la mayoría de los actos del gobierno. Por esto, esta Ley contribuye en la generación de confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales generando canales de comunicación permanente entre gobernantes y gobernados.

  Por otro lado, el acceso a la información es un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos tales como derechos económicos, sociales y culturales. La Ley N° 27.275 va a permitir a los ciudadanos y ciudadanas argentinas conocer aquella información relacionada al desarrollo de políticas públicas y decisiones estatales que afectan el desarrollo y goce de estos derechos y, de este modo, puede desarrollar la capacidad para tomar decisiones informadas y acciones concretas con el fin de impulsar mejoras en, por ejemplo, los servicios públicos básicos tales como la salud, la educación, la seguridad pública.

Preguntas para la Ley N° 27.275

  ¿Qué es “información pública”?

 Se considera pública toda información y dato contenido en cualquier formato que obtengan, generen, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados por la Ley.

   ¿Quienes son los “sujetos obligados” a brindar información pública?

  La ley comprende a los siguientes entes: la administración pública nacional; el Poder Legislativo; el Poder Judicial de la Nación; el Ministerio Público Fiscal de la Nación; el Ministerio Público de la Defensa; el Consejo de la Magistratura; las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta; las empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria, pero sólo en lo referido a la participación estatal; Concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos; organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades; instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional;  el Banco Central de la República Argentina, entre otros.

   Pero, ¿cualquier información?

  No, la ley prevé una serie de excepciones: información clasificada como reservada o confidencial o secreta por razones de defensa o política exterior; información que pudiera poner en peligro el funcionamiento del sistema financiero; secretos industriales, comerciales, financieros, científicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad; información que contenga datos personales según la ley 25.326; información protegida por el secreto profesional; Información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública, entre otros.

  ¿Cualquier persona puede pedir información?

  Sí. “Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información”.

  ¿Ante quién presento la solicitud de información?

  La solicitud de información debe ser presentada en mesa de entrada del poder, ministerio u organismo que la posea o se presuma que la posee.

  ¿Qué formalidades tiene el proceso de solicitud? ¿Debe realizarse la solicitud a través de un abogado?

  La Ley prevé el principio de informalismo, ningún organismo puede rechazar la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos formales o de reglas de procedimiento. Además, la Ley señala que no se requiere de ningún patrocinio letrado para solicitar información pública.

  ¿Tengo que argumentar para qué quiero la información o el motivo de mi pedido?

  No, la Ley prevé de que no puede exigirse que manifieste el propósito de la solicitud.

  ¿Debo pagar para acceder a la información?

   No, El acceso a la información debe ser gratuito.

  ¿Cuál es el tiempo previsto para recibir respuesta?

  Los organismos obligados por la Ley cuentan con hasta 15 días hábiles para responder al pedido de información. Estos pueden solicitar una prórroga, por única vez, de 15 días más, debiendo justificar por escrito ante el peticionante el motivo de la prórroga.

  ¿Cuál es la autoridad de aplicación de la Ley N° 27.275 del derecho de acceso a la información pública?

  La Ley prevé la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública y de organismos de las mismas características en cada poder. Su función es garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley, garantizar el derecho de acceso a la información pública y la transparencia activa.

  ¿Qué hacer si la entidad, aún estando obligada a recibir el pedido, se niega a hacerlo, no responde o responde de manera parcial?

  En caso de que la información no sea entregada se debe recurrir dentro de los 40 días hábiles luego de vencido el plazo de entrega a 1) la Agencia de Acceso a la Información Pública; 2) Tribunales de primera instancia en lo contencioso administrativo federal.  Para hacer un reclamo por incumplimiento se de presentar por escrito, indicando la identidad y dirección, a quien se dirigía la solicitud de acceso, cuando fue presentada. Se deberá adjuntar la solicitud y todos aquellos documentos recibidos. Dentro de los 30 días hábiles luego de presentado el reclamo, la Agencia de Acceso a la Información pública debe dar respuesta.

 ¿Cuál es el desafío de ahora en adelante?

  El principal desafío es la implementación efectiva de la ley. Para esto, es clave el diseño de mecanismos y políticas públicas que aseguren las respuestas a las solicitudes de información realizadas por la ciudadanía, que se garanticen los principios descritos en este nuevo corpus normativo para lograr el cumplimiento del principio de máxima divulgación de la información pública y que esto esté acompañada en un por un proceso de sensibilización y formación de los empleados públicos y la ciudadanía para un pleno goce de este derecho y un proceso hacia la consolidación de un Estado Abierto.

Accedé a la Ley haciendo click aquí

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