En Argentina
El 29 de septiembre de 2016, al promulgarse la Ley N° 27275 que regula el derecho al acceso a la información pública, la República Argentina deja de ser uno de los cuatro países en América Latina que no ha promulgado una ley de acceso a la información, lista que integró hasta el lanzamiento de este documento normativo. A esto hay que sumarle que la Constitución Nacional de Argentina garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través de los artículos 33, 41, 42 y 75 inciso 22, por el cual se incorporan con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales. El derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19), por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19.2) y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13.1.), incluidos en la mencionada disposición constitucional.
Que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó en su resolución 59 (I) que “la libertad de información es un derecho humano fundamental”, Que tanto la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción (artículos 10 y 13) como la Convención Interamericana contra la Corrupción (párrafo 5 de su Preámbulo, y artículos III.11 y XIV.2) promueven la transparencia, el acceso a la información pública y la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.
Argentina mediante organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios luchó por una ley de acceso a la información durante 10 años con la promoción, presentación de proyectos de ley en el parlamento pero que no habían llegado al quórum político para que aprueben la variedad de proyectos para lograr un ley fundamental para la democracia, fortalecimiento de las instituciones y la ciudadanía, participación ciudadana, transparencia de los gobiernos y lucha contra la corrupción. Finalmente, esta lucha tuvo frutos y se logró que se sancionará una ley acorde a la la ley modelo de acceso a la información propuesta por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El 2016 nos encuentró con el cambio de gobierno nacional con intenciones prácticas de gestión y mediante sus acciones para avanzar en el acceso a la información y gobierno abierto nacional. El 13 de enero 2016, el gobierno nacional firmó un decreto 117/2016: “Plan de Apertura de Datos” para que el Poder Ejecutivo (No el poder Legislativo y Poder Judicial) libere la información a la ciudadanía desde sus sitios webs. Aunque este es solo un decreto y no una ley, brindo un antecedente y fue una demostración de la existencia de un clima propicio para la sanción definitiva de la ley de acceso a la información, la cual se aprobó con un fuerte consenso en el Congreso de la Nación Argentina .
El 2016 es un año importante para luchar por el efectivo cumplimiento de la ley de acceso a la información y desde la Fundación Conocimiento Abierto junto y en alianza con organizaciones de la sociedad civil realizamos numerosas acciones para lograr esta ley de acceso a la información que fue aprobada por el Parlamento de Argentina y ahora enfrentamos el desafío de que se esta se implemente de manera que garantice el principio de máxima divulgación de la información pública, garantice el acceso universal a esa de acuerdo a lo planteado por la nueva ley.